La Ley de Promoción de la Amazonía peruana, una norma diseñada para impulsar el desarrollo económico y social de las regiones amazónicas del país. Esta ley exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Promoción Municipal (IPM) a las empresas que operan en la Amazonía, además de ofrecer una reducción en el pago del Impuesto a la Renta mediante un crédito fiscal del 5% y 10%, según las modificaciones realizadas a la norma original. Sin embargo, después de dos décadas, surgen preguntas sobre la efectividad y equidad de esta ley.
Requisitos para Beneficiarse de la Ley
Para acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción de la Amazonía, las empresas o personas naturales con negocio deben tener su domicilio fiscal, sede administrativa o sede comercial en los departamentos de la selva peruana. Además, se fomenta que las contraprestaciones de bienes o servicios sean consumidas dentro de la misma región donde se producen. Esto implica que tanto las empresas formales como los contribuyentes individuales pueden beneficiarse de esta normativa, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El principal atractivo de la ley radica en la exoneración del IGV en la venta de bienes y servicios dentro de la Amazonía. Por ejemplo, si una empresa vende 100 pies de madera por S/ 1,500.00, el precio final no estará gravado con el 18% del IGV. En este caso, el cliente pagará exactamente S/ 1,500.00, lo que supone una ventaja competitiva para los negocios amazónicos.
Adicionalmente, las empresas que compran bienes desde regiones no amazónicas y los venden en la Amazonía pueden generar un crédito fiscal a su favor. Este beneficio permite solicitar reintegros tributarios, contribuyendo así a la liquidez financiera de las empresas.
Impacto Real en la Población
A pesar de las ventajas aparentes de esta ley, surgen dudas sobre si los beneficios llegan realmente a las personas comunes y corrientes. Todos los ciudadanos contribuyen a la recaudación tributaria de manera directa o indirecta. Por ejemplo, un empresario formal paga impuestos mensualmente, mientras que las personas naturales aportan indirectamente al adquirir productos gravados con IGV en zonas no amazónicas.
En este contexto, las empresas medianas y grandes son las principales beneficiarias de la ley. Estas compañías pueden solicitar reintegros tributarios y vender sus productos a precios similares a los de las zonas no amazónicas, maximizando sus ganancias. Sin embargo, esta situación genera una interrogante: ¿El gobierno y el Congreso están gestionando adecuadamente esta norma o deberían reformularla o incluso derogarla?
Falta de Transparencia y Estadísticas
Un aspecto crítico de la Ley de Promoción de la Amazonía es la falta de información estadística pública sobre su impacto. No existen cifras concretas sobre cuántas empresas se han beneficiado, cuáles son las pérdidas tributarias asociadas ni cómo afecta esta normativa al Producto Bruto Interno (PBI) del país. Asimismo, no hay datos sobre cómo ha mejorado el poder adquisitivo de los ciudadanos al comprar productos en zonas amazónicas.
Caso de Estudio: Región San Martín
Un ejemplo significativo es la región San Martín, que decidió eliminar las exoneraciones tributarias, incluyendo el reintegro tributario del IGV, el crédito fiscal especial y el IGV por importación de bienes. Esta decisión permitió a la región recaudar mayores ingresos y financiar proyectos de infraestructura. Como resultado, San Martín creció un 6.8% en lugar del 4.5% proyectado bajo la Ley de Promoción de la Amazonía. Además, el gobierno transfirió S/ 45,000,000.00 para invertir en la región.
Hoy, San Martín cuenta con un 87% de su red vial pavimentada, en comparación con el 22% de Huánuco, según datos del Congreso de la República y el Banco Central de Reserva del Perú. Esta mejora en infraestructura ha impulsado sectores como el comercio, turismo y agricultura, demostrando que la eliminación de exoneraciones tributarias puede tener un impacto positivo.
Ineficiencias del Estado
El caso de la Ley de Promoción de la Amazonía también pone en evidencia la ineficiencia del estado para fomentar la formalidad empresarial. Muchos empresarios peruanos ven a la SUNAT como un ente fiscalizador que persigue a las micro y pequeñas empresas, mientras que otorga beneficios tributarios a las medianas y grandes corporaciones. Esto genera una percepción de desigualdad y desconfianza en el sistema tributario.
Un ejemplo claro son las empresas madereras y cadenas de hipermercados con sede en zonas amazónicas, que distribuyen sus productos a regiones no amazónicas. Esta práctica podría considerarse como contrabando interno, lo que plantea la pregunta: ¿Qué está haciendo la SUNAT para controlar estas irregularidades?
Reflexión Final
La Ley de Promoción de la Amazonía genera un debate necesario sobre su efectividad y equidad. Si bien ofrece beneficios significativos para las empresas que operan en la región, también plantea interrogantes sobre su impacto real en la población y la economía del país. La falta de transparencia, el desbalance en la distribución de beneficios y las ineficiencias estatales destacan la necesidad de una evaluación integral de esta normativa.
Es crucial que el gobierno y el Congreso reconsideren la Ley de Promoción de la Amazonía, basándose en datos concretos y buscando un equilibrio entre el desarrollo regional y la recaudación tributaria. Solo así se podrá garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan y que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible. La interrogante permanece: ¿Realmente beneficia esta ley a la población o solo a un selecto grupo de empresas?